Extendiendo la asignación escolar hasta los 21 años para quienes logren mantenerse en el sistema educativo público, con un monto adicional otorgado tres veces al año, les permitirá finalizar los estudios secundarios obligatorios y además, incentivará a adolescentes y jóvenes de los sectores populares a acceder al nivel terciarioy universitario. Como nos repiten una y otra vez desde el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo: la infancia es hoy el principal recurso natural no renovable de nuestro país; el terreno más fértil para sembrar inteligencia, trabajo, creatividad, justicia y democracia; como lo es también para sembrar abandono, marginación, delito y violencia. Es deber del Estado fortalecer la primera alternativa.

Nuestra estructura de atención pública de la salud es universal, sin embargo, la provisión de servicios se concentra  principalmente en aquellos que no disponen de cobertura formal (desempleados, subempleados y trabajadores informales), quienes ingresan al sistema a través de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y los hospitales. Uno de los principales objetivos de la estrategia de la atención primaria es que el 80% de los pacientes se atienda en centros de atención primaria barriales y solo el 20% de mayor gravedad sea derivado a hospitales y sanatorios; a mayor población vulnerable, mayor presencia de los CAPS. Para esto, la ubicación geográfica y la diversificación de los servicios son condiciones elementales.

Por eso, a partir del proyecto de Ley de creación del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, proponemos financiar con recursos del Estado la refacción y equipamiento de alrededor de 2.500 CAPS existentes en todo el país; la creación de 300 nuevos centros; y la incorporación de los servicios de Medicina General, Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina interna, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Odontología en todos ellos. Son medidas concretas para ir haciendo realidad una justa distribución de la riqueza.
“Decimos que la implementación de estas medidas significaría un acto de doble justicia: el Estado asumiría su responsabilidad ante la enorme deuda social generada durante décadas de postergación y sería una clara señal acorde a un nuevo rumbo: quienes tienen dinero lo deben volcar a la actividad productiva y no a la especulación”. (ver Propuestas)